El año pasado el Ministerio del Interior logró que el proyecto inicial de Ley de Montes se modificara para que se considerara a los forestales “auxiliares” del Seprona, eliminando a aquellos de las actuaciones frente a delitos ambientales y obviando, por tanto, su consideración de policía judicial. Sin embargo, la protesta de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales y los sindicatos hizo que finalmente estos funcionarios sigan siendo considerados en la Ley de Montes policial judicial genérica, según marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente.
La falta de una regulación jurídica estatal básica, que se hace imprescindible ya que los agentes dependen de las comunidades autónomas, hace que estos tengan que estar muy atentos ante lo que consideran constantes intromisiones por parte de los mandos de la Guardia Civil que quieren acaparar competencias y defender sus intereses corporativos. Los mandos, le cuentan a este Buscón los forestales, “pretenden invadir competencias que son nuestras en todo lo relacionado a la legislación de conservación de la naturaleza”.
La relación de los guardias civiles de a pie y los agentes que están en los campos y montes “es extraordinaria”, pero cuando intervienen los mandos se estropea, dicen estos profesionales. Los jefes de la Guardia Civil encuentran como cómplices a muchas Consejerías de Medio Ambiente que no quieren que su Cuerpo de agentes forestales se desarrolle como policía, como agentes de policía y policía judicial independientes del poder político. “Los mandos cada vez quieren tener más competencias y fuerzan a los agentes a tener una tensión innecesaria con nosotros”, explica un experimentado forestal.
Ponen como ejemplo lo sucedido hace unas semanas en un coto de Villar de la Encina (Cuenca). Unos agentes medioambientales de Castilla-la Mancha realizaron una inspección y descubrieron muertos 44 ejemplares de distintas especies en peligro de extinción. Lograron descubrir y detener, en colaboración con el Seprona, al vigilante del coto que era el que había puesto las trampas para la muerte de estos animales.
Después de pactar la nota de prensa, los forestales, que habían iniciado y cargado con buena parte de la investigación, se quedaron sorprendidos cuando la nota oficial de la Guardia Civil daba todo el mérito de la operación al cuerpo armado. “Este es un hecho más de lo que constantemente está sucediendo en toda España en un intento de menoscabar nuestro papel con la complicidad de muchos gobiernos autonómicos”, explicó un dirigente de una asociación profesional.
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