sábado, 24 de noviembre de 2018

AGENTES MEDIOAMBIENTALES ALERTAN DE LA PRESENCIA Y ACTÚAN CONTRA GRUPOS ORGANIZADOS DEL TRÁFICO ILEGAL DE SETAS


AGENTES MEDIOAMBIENTALES; GOLPE A LAS MAFIAS QUE TRAFICAN CON SETAS EN LOS MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA DE CASTILLA-LA MANCHA

    Las excepcionales condiciones climatológicas de este otoño con copiosas lluvias en grandes áreas de la región y suaves temperaturas, hacen que la abundante fructificación de todo tipo de setas y hongos en nuestros montes atraiga a gran cantidad de amantes de la micología para disfrutar de la recolección de todo tipo de setas comestibles.

    Esta recolección debe desarrollarse conforme a unas premisas básicas establecidas por la normativa sectorial, de tal forma que este aprovechamiento se realice de manera sostenible, respetuosa con el entorno y compatible con otras actividades del medio natural.
La Orden 15/11/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula la recolección de setas silvestres en los montes de la Comunidad Autónomas de Castilla-La mancha , establece que la recogida de setas será de carácter libre con destino al autoconsumo y la actividad recreativa y que no tendrá ánimo de lucro, estableciendo unos límites por persona y día de 5kg de setas por persona y día o un volumen aparente de 10 litros. Así mismo queda expresamente prohibido remover el suelo y hacer uso de hoces, rastrillos y azadas, así como el uso de cubos de plástico, bolsa u otros recipientes que no permitan la dispersión de las esporas mientras se recolecta por el monte.

    Por desgracia, ciertos grupos organizados, algunos integrados por ciudadanos del países del este, operan en los montes de la región llegada esta época con la finalidad de traficar con ingentes toneladas de setas recolectadas de manera fraudulenta y contraviniendo gravemente la normativa, utilizando métodos de recolección masivos y altamente dañinos comprometiendo la fructificación de los hongos en años sucesivos, esquilmando de esta forma los recursos y obteniendo un lucro por ello, en perjuicio de otros ciudadanos.
Estas auténticas mafias también ocasionan grandes desperfectos en las instalaciones de los montes públicos, dejando un lamentable escenario en el bosque, donde abandonan toneladas de basura.



    Por todo ello, El Cuerpo de Agentes Medioambientales tiene desplegados por toda la región, numerosos operativos policiales destinados a la represión de estas conductas, denunciando e interviniendo miles de kilos de setas recolectadas de manera fraudulenta con destino al contrabando ilegal de este producto.



Una vez más, queda patente el papel imprescindible el Cuerpo de Agentes Medioambientales como garantes de la normativa ambiental y en la correcta conservación de nuestro entorno natural, así como de garantizar los derechos de todos los ciudadanos de bien que día a día utilizan y disfrutan de nuestro entorno de manera respetuosa.

sábado, 23 de junio de 2018

La irresponsabilidad e ilegalidad de Page, su Consejero y Secretaria


La irresponsabilidad e ilegalidad de Page, su Consejero y la Secretaria General


LUIS DÍAZ, SOCIO DE HONOR DE APAM-CLM Y EXPRESIDENTE DE AEAFMA HABLA EN EL PROGRAMA LA VENTANA INDISCRETA DE RADIO LAS PALMAS SOBRE LA INSTRUCCIÓN QUE IMPIDE A LOS AGENTES MEDIOAMBIENTALES DENUNCIAR DELITOS ANTE JUECES Y FISCALES.


Luis Díaz Villaverde habla como acostumbra a hacer, sin pelos en la lengua, esta vez para una radio canaria, lo hace en su propio nombre pero suscribimos sus palabras una por una.

Se cumple un mes de la agresión del Gobierno de Page a la justicia, representada en la obstrucción a los agentes medioambientales. Un mes desde que todos los agentes castellano manchegos recibiéramos, vía correo electrónico, una instrucción que nos impide denunciar los delitos contra el medioambiente ante los únicos órganos competentes para evaluarlos,  los jueces y fiscales.

Tras la forzada reunión celebrada una semana después de dicha recepción, en la que se acordó un texto consensuado por toda la parte social y la Administración, dicha instrucción sigue vigente sin modificación alguna. Este "decretazo",  como así lo describe la propia periodista María Montero, sin precedentes en 140 años de historia del colectivo, supone extender una alfombra roja de impunidad a los delincuentes que cometan delitos tan graves como el de incendio forestal o que envenenen nuestra fauna amenazada.

Según esa instrucción ilegal, documento interno de carácter meramente organizativo que contraviene a una Ley Orgánica, los efectivos del Cuerpo de Agentes Medioambientales no deberían, ya que serían expedientados disciplinariamente, levantar un cadáver presuntamente envenenado, tomar muestras de un vertido contaminante a un río y ni siquiera podrían acceder al área de inicio de un incendio forestal cuando se encuentren investigando las causas y los causantes del mismo. Para que nuestros lectores lo vean mas claro, es como si el Gobierno de García Page impidiera a un médico auxiliar a un enfermo o a un profesor velar por la educación del alumnado.



martes, 29 de mayo de 2018

Agentes Medioambientales interponen varias denuncias a dos pescadores furtivos en la provincia de Guadalajra.

Agentes Medioambientales interponen varias denuncias a dos pescadores furtivos en la provincia de Guadalajara.

Realizando un servicio rutinario de vigilancia de pesca, en un tramo de aguas trucheras caracterizado por el requisito obligatorio de liberación inmediata de los ejemplares capturados de trucha común,  los Agentes Medioambientales de la JCCM tras identificar a los dos pescadores y la inspección de los aparejos con los que estaban realizando la actividad, constataron que estaban empleando anzuelos con muerte (pequeño saliente que tiene como misión dificultar que se libere el anzuelo una vez trabado). Durante el registro de las pertenencias de los pescadores localizaron que uno de ellos guardaba tres ejemplares de trucha común. 


Los pescadores furtivos se enfrentan a dos sanciones, una por la tenencia o uso de cebos no permitidos y otra por poseer mas ejemplares de los permitidos, en este caso el cupo es cero. Las sanciones podrían ir desde los 501 € hasta los 6.000 €.


La trucha común debido a su alto valor deportivo y ecológico junto a la sensibilidad a su aprovechamiento se encuentra declarada como especie de interés preferente desde el año 1994. En la actualidad la Junta con el apoyo de lo Agentes Medioambientales ha estado realizando censos mediante pesca eléctrica, control de frezaderos (zonas de reproducción) y seguimiento de temperatura del agua mediante instalación de termógrafos. Estos datos del estudio servirán para redactar el Plan de Gestión de la especie que ya está en fase de borrador y donde se establecerán las tipologías de los diferentes tramos trucheros.

Se recuerda que según la Orden 45/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de Vedas de Pesca de 2018 ,en aguas de alta montaña solo se autoriza el empleo de moscas artificiales y cucharillas con anzuelo simple. Y en aguas de baja montaña, además de los anteriores, se autoriza el empleo de señuelos artificiales provistos de anzuelos simples. En ambos casos sin arponcillo (muerte) o con el mismo inutilizado.

Los Agentes Medioambientales en pro de la prevención recomiendan a los pescadores que se lean cada año la Orden de Vedas y presten atención a las excepciones que se establecen en la misma para cada tramo. Y recuerdan que en caso de duda, respecto a la normativa, se pueden dirigir para aclararla a los efectivos con los que coincidan en el medio natural durante su patrullaje o en las dependencias de estos.



jueves, 24 de mayo de 2018

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA VUELVE A MENTIR Y SE PONE A SÍ MISMO EN EVIDENCIA

EL CONSEJERO VUELVE A MENTIR Y SE PONE A SÍ MISMO EN EVIDENCIA

CON SU RESPUESTA, ARROYO RECONOCE QUE INDUCE A INCUMPLIR LA LEY Y LAS DIRECTRICES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Tras las declaraciones vertidas por el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, realizadas en respuesta a la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha tras nuestra  nota de prensa, vemos interesante hacer pública la postura de la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, ante esta cuestión, que ya en su día le fue planteada y sobre la que se pronunció.





Como puede verse en dicho informe, los efectivos del Cuerpo de Agentes Medioambientales, como integrantes de la Policía Judicial y por lo tanto auxiliares de Jueces y Fiscales, tienen el deber inexcusable de comunicar a los mismos y con premura los hechos delictivos de los que tengan conocimiento. Estando habilitados, además, para efectuar las primeras diligencias de prevención según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Montes (artículo 58). Esto es,  la comprobación del delincuente, dar protección a los perjudicados, custodiar las pruebas del proceso o detener a los posibles sospechosos.

De esta manera el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarollo Rural demuestra que vuelve a mentir públicamente, poniéndose a si mismo en evidencia ante tan patente desconocimiento de la normativa, seguramente por la deficiente asesoría de la que se rodea, perjudicando la seguridad medioambiental de toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha.

Y es que la Consejería del Sr. Arroyo se empeña en obstruir la labor de los agentes medioambientales, haciéndolo precisamente mediante el ataque a sus competencias en los casos mas graves y delicados; como puedan ser los delitos de incendio forestal perseguidos por las BIIF, Brigadas de Investigación de Incendios Forestales, ahora que  precisamente en breve comienza la época de alto riesgo de incendios forestales; también los posible delitos que persigue la UNIVE, Unidad de Investigación de Venenos; o los delitos relacionados con la calidad ambiental, como pueden ser los vertidos al río Tajo, los vertidos de amianto del polígono de Toledo, los neumáticos de Seseña o el incendio de la planta de residuos peligrosos de Chiloeches, donde actualmente hay siete altos cargos de este gobierno imputados.

No entendemos qué intereses o de quienes puede estar defendiendo el Consejero cuando intenta cercenar la capacidad y obligación de unos funcionarios públicos para perseguir estos delitos, que tanto preocupan, alarman a la sociedad y que en muchos casos provocan un daño irreparable afectando incluso a la salud pública y poniendo en grave riesgo el patrimonio medioambiental de Castilla-La Mancha.

Y es que de dar cumplimiento a esta nueva instrucción, actualmente distribuida a los agentes, estos ya no podrán ni recoger pruebas e indicios sobre el terreno ni trasladar sus atestados al juzgado como se venia haciendo hasta ahora. Es decir, se nos convierte en meros espectadores del delito con las mismas posibilidades a la hora de poder abordarlo que cualquier ciudadano de a pie. 

miércoles, 23 de mayo de 2018

La Junta de Castilla-La Mancha intenta impedir las denuncias judiciales de los efectivos del Cuerpo de Agentes Medioambientales


La Secretaria General de la Consejería de Medio Ambiente de C-LM emite una instrucción para impedir a los agentes medioambientales denunciar ilícitos penales contra el medio ambiente ante jueces y fiscales

APAM-CLM pide su inmediata destitución al Consejero
TOLEDO, 23 de mayo de 2018. La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha solicitará formalmente al Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural el cese de la Secretaria General de esta Consejería, Dª Juana Velasco Mateos-Aparicio.


​La solicitud de cese llega después de que la Secretaria General haya emitido una instrucción a todas luces ilegal que impide a los Agentes Medioambientales denunciar delitos contra el Medio Ambiente ante Juzgados y Fiscalías, tal cual se venía haciendo al ser esta una obligación propia del cargo que desempeñan los Agentes Medioambientales y de su cometido como Policía Judicial genérica.
​Resulta especialmente lamentable e incomprensible que el Gobierno de Castilla-La Mancha esté realizando para con los Agentes Medioambientales una gestión continuista de la llevada a cabo por el ejecutivo de Mª Dolores de Cospedal, la misma atrocidad que pretendía el PP en la pasada modificación de la Ley de Montes estatal es lo que pretende ahora el PSOE en Castilla-La Mancha. Dicha gestión, que parece más centrada en beneficiar la delincuencia medioambiental en nuestra región que en ponerle coto permitiendo el normal funcionamiento de la Administración, prohíbe a los Agentes a través de dicha instrucción ejercer una de sus más importantes atribuciones, denunciar presuntos delitos medioambientales y ponerlos en conocimiento de la Justicia.
 Desde la Consejería de Agricultura ya se había llegado al extremo de abrir expedientes disciplinarios contra aquellos Agentes Medioambientales que ponían en conocimiento de los Juzgados presuntos ilícitos penales. Algo insólito teniendo en cuenta que la obligación de comunicar cualquier ilícito penal del que se tenga conocimiento se atribuye a cualquier ciudadano.
 La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural intenta de esta forma llevar a cabo lo que no fue posible concretar a través de Ley de Montes nacional, cuando precisamente se intentó cercenar las facultades de los Agentes Medioambientales en la persecución de ilícitos penales, hecho que movilizó a todo el colectivo, ONG`s conservacionistas y a gran parte de la sociedad.

Se trata de una instrucción ilegal
La instrucción enviada a todos los Agentes Medioambientales es a todas luces ilegal e incita a éstos a la dejación de funciones o la omisión del deber de perseguir delitos, cometido éste obligatorio para todos los funcionarios de Policía Judicial, tal cual establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 282:
“La Policía Judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial.”
Del mismo modo, el artículo 284. 1 establece que:
“Inmediatamente que los funcionarios de la Policía judicial tuvieren conocimiento de un delito público o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán a la autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención. En otro caso, lo harán así que las hubieren terminado.”

Cabe destacar que la Sala Coordinadora de la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente ya abrió Diligencias Informativas por este mismo asunto contra la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en las cuales se hacía patente que la forma de proceder de la Policía Judicial es la que se encuentra establecida a través de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que la modificación de tal procedimiento no es competencia de esta Administración. La pretendida instrucción obstruye la obligación y atribución de estos Agentes de poner en conocimiento del órgano judicial competente cualquier presunto ilícito penal del que tengan conocimiento. Cabe destacar que es la Fiscalía y los órganos judiciales los competentes para determinar si unos hechos son o no un ilícito penal. Lo que se pretende con dicha instrucción es que las delegaciones provinciales de la Consejería ejerzan de filtro para los atestados presentados por los Agentes Medioambientales, de modo que un indeterminado número de los mismos jamás llegaría a ponerse en conocimiento de la Justicia.
Desde APM-CLM se ha dado traslado inmediato a esta Fiscalía de la nueva instrucción emitida que dificulta a todas luces la lucha contra la delincuencia medioambiental en Castilla-La Mancha.


Movilizaciones inminentes
APAM-CLM y agentes sociales ya han establecido contacto para, además de las medidas legales a adoptar, valorar la posibilidad de movilizaciones inminentes antes y durante la campaña de incendios forestales, en la que, por otra parte, se verá favorecida la impunidad de los incendiarios al verse limitadas las capacidades de actuación de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BIIF).

La ciudadanía de Castilla-La Mancha tiene el derecho a contar con un Gobierno realmente implicado en la protección de su Patrimonio Medioambiental y no en la adopción de medidas en contra de aquellos que lo protegen y a favor de aquellos que mayor daño le causan. Es más, se podría dar la paradoja de que por unos mismos hechos dependiendo del cuerpo policial que los denuncie podría resolverse mediante una sentencia condenatoria por la vía penal o mediante una mera sanción administrativa. Lo anterior va en contra del principio de igualdad de trato a todos los ciudadanos.