La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La
Mancha (APAM-CLM) ha calificado de “bochornosas y malintencionadas” las
declaraciones realizadas por la consejera de Agricultura, María Luisa
Soriano, quien ha asegurado que la futura ley de montes “no afecta de
manera que pueda dañar el trabajo que están realizando los agentes
forestales a nivel nacional" y que para APAM-CLM constituyen “una
mentira y una falta de respeto a los 6.400 Agentes Forestales y
Medioambientales del Estado” afirman desde este colectivo en una nota de
prensa.
Afirman que, en una rueda de prensa y a preguntas de los periodistas, Soriano ha aseverado que “cuando hay indicio de delito, les corresponde actuar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.
Añaden que los Agentes Medioambientales vienen investigando delitos medioambientales desde hace ya 140 años, no sólo porque legalmente puedan hacerlo, sino porque la Ley les obliga a ello.”Como individuos de la Policía Judicial –dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal- tienen la obligación de intervenir ante todos los hechos de su competencia que tengan la consideración de delito, poniendo sus actuaciones en conocimiento del Ministerio Fiscal o el Juzgado de Guardia mediante el correspondiente Atestado”.
Así, continúa la nota de prensa, los Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha han perseguido y denunciado en el Juzgado múltiples delitos contra la flora y la fauna (uso de venenos, cepos o lazos sin freno); las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales han llevado ante la Justicia a numerosos pirómanos e incendiarios y, en las últimas fechas, han destapado asuntos tan graves como las construcciones presuntamente irregulares de la familia Oriol-Aznar en un Parque Nacional o las prácticas presuntamente ilegales que se vienen realizando desde hace años en el Complejo Lagunar de Manjavacas, en la provincia de Cuenca.
Desde APAM-CLM insisten en la defensa de su trabajo con pruebas y es que, mientras Soriano hacía estas declaraciones, Agentes Medioambientales de la provincia de Ciudad Real realizaban una intervención de decomiso de cepos, lazos sin freno y cajas trampa, cuyo uso está tipificado en el Código Penal como delito.
“La Consejera hace patente a través de esas declaraciones el grave desconocimiento que tiene hacia el trabajo que desarrollan los Agentes Medioambientales y lo que es aún más grave, no conoce la legislación que les rige, ni las obligaciones que estos funcionarios públicos tienen en el ejercicio de sus competencias”, añade APAM-CLM
“Esta Asociación –prosigue APAM-CLM- puede justificar ante la sociedad el trabajo en la investigación de delitos medioambientales que desde su creación ha llevado a cabo este colectivo aportando datos. Sin embargo, la Consejera aporta falsedades sin fundamento legal, porque no tiene otra forma de defender la irracional Ley de Montes”.
Por todo esto, desde la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales vuelven a solicitar la dimisión de María Luisa Soriano como Consejera de Agricultura por “su manifiesta incompetencia para ocupar un puesto de tan amplia responsabilidad y por el grave perjuicio causado al Medio Ambiente de la Región a través de sus desafortunadas decisiones”.
APAM-CLM destaca que los Agentes Medioambientales no están solos en la oposición a la futura Ley de Montes, a la que se han sumado múltiples organizaciones, destacando el posicionamiento de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que a través de un comunicado hizo público su apoyo al colectivo, “dejando meridianamente claro que el apartado que afecta a las funciones de los Agentes Medioambientales en la investigación de delitos es innecesario, siendo suficiente una mutua colaboración entre colectivos”.
Los Agentes Medioambientales consideran “incomprensible e irracional” aprobar una Ley que limita la investigación de delitos a 6.400 Policías Medioambientales, que precisamente son el colectivo más numeroso, los que mayor formación académica poseen y cuyo Cuerpo fue creado precisamente con ese objetivo, al ser necesario un Cuerpo con formación específica para esta labor. La citada modificación contraviene el interés general, generando de forma indirecta ventajas para los delincuentes al reducir la capacidad al 80% de los funcionarios que se dedican a la persecución de delitos medioambientales en España.
Desde APAM-CLM añaden que “los Agentes Medioambientales nos debemos a la ciudadanía y no estamos al servicio de la política, por lo que nos opondremos firmemente a esta Ley para seguir protegiendo el valioso patrimonio medioambiental de Castilla-La Mancha”.
Enlace noticia: http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2015_03_17/17
Afirman que, en una rueda de prensa y a preguntas de los periodistas, Soriano ha aseverado que “cuando hay indicio de delito, les corresponde actuar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.
Añaden que los Agentes Medioambientales vienen investigando delitos medioambientales desde hace ya 140 años, no sólo porque legalmente puedan hacerlo, sino porque la Ley les obliga a ello.”Como individuos de la Policía Judicial –dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal- tienen la obligación de intervenir ante todos los hechos de su competencia que tengan la consideración de delito, poniendo sus actuaciones en conocimiento del Ministerio Fiscal o el Juzgado de Guardia mediante el correspondiente Atestado”.
Así, continúa la nota de prensa, los Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha han perseguido y denunciado en el Juzgado múltiples delitos contra la flora y la fauna (uso de venenos, cepos o lazos sin freno); las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales han llevado ante la Justicia a numerosos pirómanos e incendiarios y, en las últimas fechas, han destapado asuntos tan graves como las construcciones presuntamente irregulares de la familia Oriol-Aznar en un Parque Nacional o las prácticas presuntamente ilegales que se vienen realizando desde hace años en el Complejo Lagunar de Manjavacas, en la provincia de Cuenca.
Desde APAM-CLM insisten en la defensa de su trabajo con pruebas y es que, mientras Soriano hacía estas declaraciones, Agentes Medioambientales de la provincia de Ciudad Real realizaban una intervención de decomiso de cepos, lazos sin freno y cajas trampa, cuyo uso está tipificado en el Código Penal como delito.
“La Consejera hace patente a través de esas declaraciones el grave desconocimiento que tiene hacia el trabajo que desarrollan los Agentes Medioambientales y lo que es aún más grave, no conoce la legislación que les rige, ni las obligaciones que estos funcionarios públicos tienen en el ejercicio de sus competencias”, añade APAM-CLM
“Esta Asociación –prosigue APAM-CLM- puede justificar ante la sociedad el trabajo en la investigación de delitos medioambientales que desde su creación ha llevado a cabo este colectivo aportando datos. Sin embargo, la Consejera aporta falsedades sin fundamento legal, porque no tiene otra forma de defender la irracional Ley de Montes”.
Por todo esto, desde la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales vuelven a solicitar la dimisión de María Luisa Soriano como Consejera de Agricultura por “su manifiesta incompetencia para ocupar un puesto de tan amplia responsabilidad y por el grave perjuicio causado al Medio Ambiente de la Región a través de sus desafortunadas decisiones”.
APAM-CLM destaca que los Agentes Medioambientales no están solos en la oposición a la futura Ley de Montes, a la que se han sumado múltiples organizaciones, destacando el posicionamiento de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que a través de un comunicado hizo público su apoyo al colectivo, “dejando meridianamente claro que el apartado que afecta a las funciones de los Agentes Medioambientales en la investigación de delitos es innecesario, siendo suficiente una mutua colaboración entre colectivos”.
Los Agentes Medioambientales consideran “incomprensible e irracional” aprobar una Ley que limita la investigación de delitos a 6.400 Policías Medioambientales, que precisamente son el colectivo más numeroso, los que mayor formación académica poseen y cuyo Cuerpo fue creado precisamente con ese objetivo, al ser necesario un Cuerpo con formación específica para esta labor. La citada modificación contraviene el interés general, generando de forma indirecta ventajas para los delincuentes al reducir la capacidad al 80% de los funcionarios que se dedican a la persecución de delitos medioambientales en España.
Desde APAM-CLM añaden que “los Agentes Medioambientales nos debemos a la ciudadanía y no estamos al servicio de la política, por lo que nos opondremos firmemente a esta Ley para seguir protegiendo el valioso patrimonio medioambiental de Castilla-La Mancha”.
Enlace noticia: http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2015_03_17/17
