Desde aquí quiero reivindicar el gran trabajo realizado por los Agentes de Medio Ambiente, Agentes Forestales y Agentes Rurales. Llevan a
cabo una importante labor en nuestros campos que muchas veces no es
reconocida. Su gran implantación en el territorio y su gran conocimiento
del medio hace que sean muy eficaces a la hora de identificar prácticas
ilegales que afectan a nuestra biodiversidad y denunciarlas. Sin
embargo, hemos podido comprobar que en muchas ocasiones estas denuncias
quedan en nada, y no por ser el hecho legal, sino por que los
expedientes terminan caducando o por no ser tramitados como debiera ante
la fiscalía. Ejemplos se pueden poner muchos, pero aquí sólo daré dos:
los casos de parany en la comunidad valenciana y los casos de veneno en
Castilla-La Mancha ¿preguntad cuantos de todos los expedientes de estos
temas han terminado con una sanción y cuantos sin resolver?
Por ello, propongo que vertebremos un sistema en el que sea
obligatorio que las comunidades autónomas mantengan un registro público
de todas las denuncias y hechos constitutivos de infracciones o delitos
en los que han intervenido como agentes de la autoridad los agentes de
medio ambiente. Tendría que ser un registro público en el que además de
la actuación de los agentes quede reflejado el estado del expediente, el
técnico encargado de tramitar el expediente y su resultado final.
Se trata de un mero ejercicio de transparencia por parte de las
administraciones, que mantenemos con nuestros impuestos, y que daría
unos resultados inmediatos:
- Eliminar cualquier tipo de duda sobre la eficacia de las
administraciones a la hora de sancionar las infracciones y delitos
contra el medio ambiente.
- Permitir que las ONG puedan personarse el los procedimientos
infractores y así colaborar con la administración en castigar los
desmanes contra el medio ambiente.
- Hacer visible ante la sociedad las amenazas que afectan a nuestro medio ambiente.
- Poner en valor el trabajo de los Cuerpos de Agentes Medioambientales.
Un registro público, accesible por internet, como ya lo son los
expedientes de evaluación de impacto ambiental, es la mejor forma por
parte de las comunidades autónomas de mostrar su voluntad de
transparencia y de lucha contra las infracciones y delitos
medioambientales.
¿A ver cuantas comunidades autónomas recogen el guante?
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