La Secretaria General de la Consejería de Medio
Ambiente de C-LM emite una instrucción para impedir a los agentes
medioambientales denunciar ilícitos penales contra el medio ambiente ante
jueces y fiscales
APAM-CLM pide su inmediata destitución al
Consejero
TOLEDO,
23 de mayo de 2018. La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de
Castilla-La Mancha solicitará formalmente al Consejero de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural el cese de la Secretaria General de esta
Consejería, Dª Juana Velasco Mateos-Aparicio.
La solicitud de cese llega después de que la Secretaria General
haya emitido una instrucción a todas luces ilegal que impide a los Agentes Medioambientales
denunciar delitos contra el Medio Ambiente ante Juzgados y Fiscalías, tal cual
se venía haciendo al ser esta una obligación propia del cargo que desempeñan
los Agentes Medioambientales y de su cometido como Policía Judicial genérica.
Resulta especialmente lamentable e incomprensible que el
Gobierno de Castilla-La Mancha esté realizando para con los Agentes
Medioambientales una gestión continuista de la llevada a cabo por el ejecutivo
de Mª Dolores de Cospedal, la misma atrocidad que pretendía el PP en la pasada
modificación de la Ley de Montes estatal es lo que pretende ahora el PSOE en
Castilla-La Mancha. Dicha gestión, que parece más centrada en beneficiar la
delincuencia medioambiental en nuestra región que en ponerle coto permitiendo
el normal funcionamiento de la Administración, prohíbe a los Agentes a través
de dicha instrucción ejercer una de sus más importantes atribuciones, denunciar
presuntos delitos medioambientales y ponerlos en conocimiento de la Justicia.
Desde la Consejería de Agricultura
ya se había llegado al extremo de abrir expedientes disciplinarios contra
aquellos Agentes Medioambientales que ponían en conocimiento de los Juzgados
presuntos ilícitos penales. Algo insólito teniendo en cuenta que la obligación
de comunicar cualquier ilícito penal del que se tenga conocimiento se atribuye
a cualquier ciudadano.
La Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural intenta de esta forma llevar a
cabo lo que no fue posible concretar a través de Ley de Montes nacional, cuando
precisamente se intentó cercenar las facultades de los Agentes Medioambientales
en la persecución de ilícitos penales, hecho que movilizó a todo el colectivo,
ONG`s conservacionistas y a gran parte de la sociedad.
Se trata de
una instrucción ilegal
La instrucción enviada a todos los Agentes Medioambientales es a
todas luces ilegal e incita a éstos a la dejación de funciones o la omisión del
deber de perseguir delitos, cometido éste obligatorio para todos los
funcionarios de Policía Judicial, tal cual establece la Ley de Enjuiciamiento
Criminal en su artículo 282:
“La Policía
Judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen,
averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o
demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para
comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos,
instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro,
poniéndolos a disposición de la autoridad judicial.”
Del mismo modo, el artículo 284. 1 establece que:
“Inmediatamente
que los funcionarios de la Policía judicial tuvieren conocimiento de un delito
público o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por
razón de algún delito privado, lo participarán a la autoridad judicial o al
representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la
práctica de las diligencias de prevención. En otro caso, lo harán así que las
hubieren terminado.”
Cabe destacar que la Sala Coordinadora de la Fiscalía de
Urbanismo y Medio Ambiente ya abrió Diligencias Informativas por este mismo
asunto contra la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en las cuales se
hacía patente que la forma de proceder de la Policía Judicial es la que se
encuentra establecida a través de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que la
modificación de tal procedimiento no es competencia de esta Administración. La
pretendida instrucción obstruye la obligación y atribución de estos Agentes de
poner en conocimiento del órgano judicial competente cualquier presunto ilícito
penal del que tengan conocimiento. Cabe destacar que es la Fiscalía y los
órganos judiciales los competentes para determinar si unos hechos son o no un
ilícito penal. Lo que se pretende con dicha instrucción es que las delegaciones
provinciales de la Consejería ejerzan de filtro para los atestados presentados
por los Agentes Medioambientales, de modo que un indeterminado número de los
mismos jamás llegaría a ponerse en conocimiento de la Justicia.
Desde APM-CLM se ha dado traslado inmediato a esta Fiscalía de
la nueva instrucción emitida que dificulta a todas luces la lucha contra la
delincuencia medioambiental en Castilla-La Mancha.
Movilizaciones
inminentes
APAM-CLM y agentes sociales ya han establecido contacto para, además
de las medidas legales a adoptar, valorar la posibilidad de movilizaciones
inminentes antes y durante la campaña de incendios forestales, en la que, por
otra parte, se verá favorecida la impunidad de los incendiarios al verse
limitadas las capacidades de actuación de las Brigadas de Investigación de
Incendios Forestales (BIIF).
La ciudadanía de Castilla-La Mancha tiene el derecho a contar
con un Gobierno realmente implicado en la protección de su Patrimonio
Medioambiental y no en la adopción de medidas en contra de aquellos que lo
protegen y a favor de aquellos que mayor daño le causan. Es más, se podría dar
la paradoja de que por unos mismos hechos dependiendo del cuerpo policial que
los denuncie podría resolverse mediante una sentencia condenatoria por la vía
penal o mediante una mera sanción administrativa. Lo anterior va en contra del
principio de igualdad de trato a todos los ciudadanos.
