La Asociación Profesional de Agentes
Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha mostrado su
satisfacción por la decisión de la Audiencia Provincial de Toledo de
rechazar el recurso presentado por una empresa de rallys que denunció a
dos Agentes Medioambientales que previamente habían denunciado la
práctica ilegal de pruebas de conducción deportiva en el medio natural y
en zonas no habilitadas para el efecto.
Los hechos se remontan al año 2011
cuando dos Agentes Medioambientales detectan la realización de estas
prácticas, que se llevan a cabo de forma organizada y que discurren, en
algunos tramos, por caminos vecinales con el consiguiente riesgo para
cualquier persona que pudiera transitar por los mismos.
Asimismo, los agentes detectan que la
zona donde se realiza esta actividad ilegal es de gran valor ecológico,
ya que está situada cerca de zonas protegidas LIC (Lugar de Importancia
Comunitario) y un Refugio de Fauna cuyo embalse alberga una gran
concentración de avifauna protegida.
Además, dicha actividad aumentaba
exponencialmente el riesgo de incendio forestal, debido a que se podían
producir expulsiones de partículas incandescentes por los tubos de
escape de los vehículos utilizados a gran velocidad, según informa la
Asociación.
Desde APAM, consideran que se deberían
haber tomado las medidas de precaución oportunas. Sin embargo, no sólo
carecía del obligatorio permiso de Evaluación de Impacto Ambiental, sino
que además tampoco se tenía constancia de que tuviese licencia de
actividades del Ayuntamiento, al tratarse de una actividad con ánimo de
lucro.
DENUNCIAS. Hasta seis Agentes
Medioambientales denunciaron los hechos de forma reiterada, insiste
APAM, con todas las pruebas recabadas en la mano. Sin embargo, la
empresa organizadora de la prueba no sólo negó los hechos sino que
emprendió acciones legales contra los dos primeros agentes que habían
denunciado los hechos.
Pese a que los Agentes Medioambientales
demostraron con las pruebas el ilícito cometido, APAM asegura que "no
tuvieron ninguna defensa por parte de la Administración, pese a que ésta
es garante de la defensa y protección de sus propios funcionarios".
"Es más, los servicios jurídicos de la
Junta no dispusieron del tiempo suficiente para preparar el caso con las
máximas garantías, lo que podía haber puesto en una situación muy
delicada a los Agentes", añade APAM quien califica de "incomprensible e
inadmisible" el asilamiento y la falta de amparo que sufrieron los
agentes.
AEAFMA. Desde APAM aseguran que los
Agentes tuvieron que recurrir a la Asociación Española de Agentes
Forestales y Medioambientales (AEAFMA) para denunciar los hechos.
"Afortunadamente y como no podía ser de otro modo –señala APAM- las
acusaciones formuladas contra ellos carecían de toda credibilidad".
En cualquier caso, los Agentes no
descartar emprender acciones legales "contra aquellos que presuntamente
cometieron una falta de celo o diligencia en sus actuaciones".
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