El presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM), Rubén Cabrero, ha arrancado el compromiso de Izquierda Unida de luchar por el futuro del colectivo, ante el “negro” panorama que se avecina si el borrador de la futura Ley de Montes, se aprueba, ya que supedita el trabajo de los Agentes Medioambientales, hasta ahora jefes de extinción de incendios y encargados de llevar a cabo su investigación, entre otras misiones, al de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En una reunión mantenida en Toledo con la candidata a las primarias en Castilla-La Mancha de la coalición, Sonsoles Arnao, y la responsable de Medio Ambiente, Rosa Prieto, Cabrero enumeró las diferencias incluidas en el borrador de la Ley de Montes que perjudican “notablemente” sus funciones.
Y es que, una de las principales reivindicaciones de los Agentes Medioambientales es que no se supedite su labor a las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como todo parece indicar que así se va a producir, lo que “nos dejaría con las manos atadas para realizar las funciones para las que estamos encomendados”, recalca Cabrero.
El presidente de APAM-CLM insistió en la antigüedad del Cuerpo, que está a punto de cumplir el siglo y medio de existencia, su preparación –como jefes de extinción de incendios, investigación de los mismos, conocimiento del medio ambiente- y que ahora, con la nueva Ley vería duplicadas sus funciones, “con el riesgo de que –sin menospreciar la labor de nadie- tengamos que estar a las órdenes por ejemplo de cualquier agente de los cuerpos de seguridad del Estado que no tienen esa misma preparación y ese conocimiento del medio ambiente, lo que supondría una pérdida de tiempo, al margen del elevado coste económico”.
Además, Cabrero hizo partícipe a las responsables de IU de otras reivindicaciones que llevan tiempo haciendo públicas, así como de los problemas que en estos momentos sufre el colectivo.
Tanto Arnao como Prieto se comprometieron a “ayudar en todo lo que podamos” al colectivo, así como a “llevar hasta donde sea necesario, nuestra disconformidad también con la futura Ley de Montes” que, a su juicio “contempla una serie de puntos con los que tampoco estamos de acuerdo”.
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