CCOO, UGT, CSI-F y la Asociación
Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA) exigen la
retirada del nuevo párrafo incluido en el artículo 58 del proyecto de
ley que reforma la actual Ley de Montes, por el que se pretende eliminar
que estos persigan los delitos contra el medio ambiente. Esta es una de
las funciones más importantes a la que se dedican los cerca de 6.000 Agentes Forestales y Medioambientales, que ostentan el carácter de
agentes de la autoridad y policía judicial genérica, con presencia en
todo el Estado.
Las organizaciones sindicales y AEAFMA sostienen que estos agentes son imprescindibles para la conservación y protección del medio natural y ambiental, y destacan su preparación y formación en todos los ámbitos relacionados con el medioambiente, así como en la persecución de los delitos ambientales, como por ejemplo los incendios forestales, la construcción ilegal o los envenenamientos de fauna.
Por otra parte, critican la campaña de hostigamiento y ninguneo a la que han sido sometidos “por diferentes administraciones y medios de comunicación supeditados a grupos de presión, que han ocultado logros determinantes para el mantenimiento de la biodiversidad española, obviando el número de actuaciones en esta materia, la atención a las personas que viven en el medio rural, los asesoramientos e informes técnicos y ambientales, autorizaciones, evaluaciones de impacto ambiental, denuncias de actuaciones contrarias a la normativa, etcétera, lo que arroja un buen balance de trabajo, muy superior al que otros colectivos con más recursos y proyección pueden presentar”.
Los Agentes Forestales y Medioambientales consideran que ya es hora de afrontar con responsabilidad institucional y ciudadana la protección, la conservación y la gestión sostenible del patrimonio natural y la biodiversidad, y que esta prioridad política debe contar para su implementación con las funcionarias y funcionarios que desde hace más de 135 años tienen conferidas esas responsabilidades y tareas.
Conflicto de competencias con la Guardia Civil
Ante las declaraciones del nuevo teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, quien afirma que va a “priorizar la vigilancia del patrimonio y del medioambiente”, CCOO, UGT, CSI-F y AEAFMA consideran que la Guardia Civil debería volcar todos sus esfuerzos en la atención a los problemas derivados de la seguridad ciudadana, máxime teniendo en cuenta la escasez de recursos públicos.
Para las organizaciones sindicales y asociaciones, la vigilancia, protección e inspección del medioambiente debería llevarla a cabo el Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla y León, lo que debería hacerse extensivo al resto de comunidades autónomas, puesto que dichas competencias son de su ámbito de atención, profesionalización y desempeño. “Ello evitará la invasión de competencias y tareas entre cuerpos, sobre todo en un momento en el que hay que evitar solapamientos de funciones entre colectivos de servicio público, lo que está en línea con la necesaria mejora de la gestión de los recursos que la ciudadanía pone al servicio de las Administraciones Públicas. No obstante, lo anterior no quita para que la colaboración entre ambos cuerpos sea más coordinada, efectiva, leal y en igualdad de condiciones para aquellas situaciones que lo requieran, tal y como recoge el ordenamiento legal y jurídico en relación con el trabajo en común entre administraciones”.
Las organizaciones sindicales y AEAFMA sostienen que estos agentes son imprescindibles para la conservación y protección del medio natural y ambiental, y destacan su preparación y formación en todos los ámbitos relacionados con el medioambiente, así como en la persecución de los delitos ambientales, como por ejemplo los incendios forestales, la construcción ilegal o los envenenamientos de fauna.
Por otra parte, critican la campaña de hostigamiento y ninguneo a la que han sido sometidos “por diferentes administraciones y medios de comunicación supeditados a grupos de presión, que han ocultado logros determinantes para el mantenimiento de la biodiversidad española, obviando el número de actuaciones en esta materia, la atención a las personas que viven en el medio rural, los asesoramientos e informes técnicos y ambientales, autorizaciones, evaluaciones de impacto ambiental, denuncias de actuaciones contrarias a la normativa, etcétera, lo que arroja un buen balance de trabajo, muy superior al que otros colectivos con más recursos y proyección pueden presentar”.
Los Agentes Forestales y Medioambientales consideran que ya es hora de afrontar con responsabilidad institucional y ciudadana la protección, la conservación y la gestión sostenible del patrimonio natural y la biodiversidad, y que esta prioridad política debe contar para su implementación con las funcionarias y funcionarios que desde hace más de 135 años tienen conferidas esas responsabilidades y tareas.
Conflicto de competencias con la Guardia Civil
Ante las declaraciones del nuevo teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, quien afirma que va a “priorizar la vigilancia del patrimonio y del medioambiente”, CCOO, UGT, CSI-F y AEAFMA consideran que la Guardia Civil debería volcar todos sus esfuerzos en la atención a los problemas derivados de la seguridad ciudadana, máxime teniendo en cuenta la escasez de recursos públicos.
Para las organizaciones sindicales y asociaciones, la vigilancia, protección e inspección del medioambiente debería llevarla a cabo el Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla y León, lo que debería hacerse extensivo al resto de comunidades autónomas, puesto que dichas competencias son de su ámbito de atención, profesionalización y desempeño. “Ello evitará la invasión de competencias y tareas entre cuerpos, sobre todo en un momento en el que hay que evitar solapamientos de funciones entre colectivos de servicio público, lo que está en línea con la necesaria mejora de la gestión de los recursos que la ciudadanía pone al servicio de las Administraciones Públicas. No obstante, lo anterior no quita para que la colaboración entre ambos cuerpos sea más coordinada, efectiva, leal y en igualdad de condiciones para aquellas situaciones que lo requieran, tal y como recoge el ordenamiento legal y jurídico en relación con el trabajo en común entre administraciones”.
Fuente: www.fsc.ccoo.es
