- Según las modificaciones de la
legislación, los agentes verían su trabajo reducido a mera observación
del entorno natural, a pesar de tener una de las formaciones más
importantes del país.
- Luis Díaz, presidente de la
Asociación Nacional, señala que el “ninguneo” al que son sometidos se
debe a las denuncias del colectivo hacia altos cargos del Ejecutivo
nacional.
Artículo 50 del borrador de la nueva ley
de Montes. Los terrenos calcinados podrán ser recalificados, sin tener
que esperar los treinta años que señala la ley actual, bajo el principio
de “interés general prevalente de primer orden”. ¿Qué significa este
principio? “No lo sabemos nosotros, ni lo saben ellos”, señala Luis
Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Agentes Medioambientales.
Pero con esta ley, cada Comunidad autónoma podrá decidir que un centro
comercial se edifique en un terreno quemado hace menos de 30 años. Las
consecuencias de esto: aumentan los incendios. La situación, tal como la
plantea Díaz, es grave.
Sin embargo, no es el único problema que
atrae la reforma de esta normativa. Sin ninguna duda, el colectivo de
agentes medioambientales se lleva la peor parte. El artículo seis de la
misma señala en el apartado Q que se elimina la palabra ‘funcionario’ de
su cargo. En este sentido, el colectivo señala que se propicia así una
suerte de “puerta giratoria” para que entren empresas privadas, con sus
consecuentes intereses externos, como ya ha ocurrido en los centros
penitenciarios. Pierden una condición que arrastran desde sus inicios,
hace ya 140 años.
Pero no es lo único. Si se aprueba la
nueva Ley de Montes, el trabajo que llevan a cabo estos 6.400
funcionarios públicos en toda España, se verá alterado en lo más
esencial. En el artículo 58 del documento, se señala que los agentes ya
no podrán elaborar atestados medioambientales, en delitos tan sonoros
como la construcción de la mansión de la familia Oriol Aznar en el
parque de Cabañeros, ni tampoco en temas tan sensibles como el maltrato
animal. Y ahora, ¿Qué pasaría? “Con esta ley, tendríamos que llamar al
112 y dejar a la Guardia Civil que haga un trabajo para el que nosotros
estamos capacitados”, señala Díaz.
Esto no sólo implica que un cuerpo se
haga cargo del trabajo del otro, lo que colapsaría los servicios, sino
que se pierde además protección ciudadana y también la formación que
reciben los agentes desde el momento en el que se forman. “Nosotros
ejercemos desde que aprobamos la oposición hasta que nos jubilamos. El
Estado ha invertido mucho en nuestra preparación, y ahora, ¿Qué pasa?”,
se pregunta el representante nacional del Cuerpo. En el caso de
Castilla-La Mancha, señala, es la tercera región con mayor número de
robos e explotaciones agrícolas y ganaderas; si se quita a la Guarda
Civil, se duplica el trabajo por un lado, pero se abandona por el otro.
¿Por qué este “ninguneo”?
La explicación de Luis Díaz es escueta.
“Somos funcionarios molestos, porque denunciamos hasta a nuestros
propios jefes, denunciamos políticos de las Juntas de Comunidades y
denunciamos familias poderosas”. En la región, señala Díaz, se han ido
quitando equipos que han denunciado a “gente poderosa”, y esto se debe a
que el cuerpo obedece al principio de legalidad, no al de jerarquía.
“Nos debemos a la ciudadanía, para disfrutar de un medio ambiente
adecuado. Por eso somos incómodos”, apunta Díaz.
El colectivo se ha reunido ya
prácticamente con todos los partidos políticos, que están todos, con
excepción del Partido Popular, en contra de esta Ley. Cuentan, además,
con el apoyo de todos los agentes sociales, como los sindicatos, el
Colegio Oficial de Biólogos e, incluso, del sindicato de la Guarda
Civil. Las consecuencias de la implantación de esta nueva ley son “una
barbaridad”. “Va a haber mayor gasto económico, más delitos de seguridad
ciudadana... No tiene ningún sentido y entendemos que obedece a
intereses de cuatro ricos y cuatro políticos”, afirma el presidente de
la Asociación Nacional.
En el caso de Castilla-La Mancha, existe
un ejemplo muy duro para retratar lo que ocurriría. Los agentes
medioambientales han recibido la aprobación y el reconocimiento de
LIFE+Iberlince por su papel y su dedicación al seguimiento de los nuevos
linces reintroducidos en la Comunidad. Pero, si se aprueba la Ley, los
agentes señalan que no podrán llevar a cabo las investigaciones
correspondientes para entender qué ha pasado con los felinos. “Nos
tendremos que limitar a poner la cinta de baliza y esperar a que llegue
la Guardia Civil”, sentencia Díaz. ”En mi caso yo no espero más, yo tomo
los testimonios y sigo investigando. Es mi vocación.”
Fuente: El Diario
