La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La
Mancha (APAM-CLM) ha asegurado que “la rebaja a auxiliares de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su condición de Policía Judicial que
se pretende llevar a cabo con la nueva Ley de Montes nacional supondrá
un mayor gasto para las arcas públicas al no poder realizar el trabajo
que vienen ejecutando desde hace 137 años, trabajo que
incomprensiblemente deberán asumir otros colectivos con menos
experiencia en la materia”.
Asimismo, añaden que el propio Informe Cora que elaboró el gobierno
Central para la reforma de las Administraciones recoge que el ahorro de
esta medida es de cero euros.
Esta rebaja en la condición de estos funcionarios públicos generaría
que para realizar cualquier diligencia en la investigación de delitos
contra el Medio Ambiente, la flora o la fauna, tuviesen que intervenir
al menos dos colectivos, cuando en la actualidad interviene uno sólo,
por lo cual, se estaría generando una duplicidad en la Administración y
un retraso en las actuaciones, que deben llegar al Juez en el menor
tiempo posible. Si esta modificación de la Ley llegase a aprobarse,
supondría un aumento exponencial en la carga de trabajo de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, que tendrían que asumir funciones que hasta ahora
desarrolla otro colectivo especializado en la materia. Este hecho cobra
mayor relevancia cuando en estos últimos años y debido a la crisis han
visto reducido su número de efectivos y, sin embargo, el número de
actuaciones relativas a la Seguridad Ciudadana (especialmente los robos)
aumentan notablemente.
Desde APAM-CLM aseguran que esta modificación “podría ser
anticonstitucional”, ya que la Carta Magna indica claramente en su
articulo 126 que la Policía Judicial depende directamente de los jueces y
del Ministerio Fiscal, en ningún caso de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
Temen, además, que lo que en la futura Ley de Montes se vende como
una medida de “coordinación” se trate en realidad de una primera medida
encaminada a la privatización de los servicios de vigilancia en el Medio
Ambiente, consistente en rebajar la capacidad jurídica de los
funcionarios públicos que la ejercen para equipararlos así a la
seguridad privada.
Durante los últimos años, los Agentes Medioambientales han resuelto
con éxito investigaciones relativas a delitos por incendio forestal,
envenenamientos de fauna, vertidos contaminantes a cauces públicos,
edificaciones en zonas protegidas…y este trabajo ha sido públicamente
reconocido por jueces y fiscales, opinión que no se ha tenido en cuenta
al redactar el Proyecto de Ley de Montes. “Consideramos que este
proyecto de ley es contrario al interés general por incapacitar a los
Agentes para continuar realizando este tipo de actuaciones”.
La Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales
(AEAFMA) está valorando también la posibilidad de iniciar movilizaciones
a nivel nacional, que serán respaldadas por los Agentes
Medioambientales de Castilla-La Mancha en aras a garantizar que “nuestro
Medio Ambiente siga contando con un máximo nivel de protección”.
Enlace noticia: http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2015_02_03/09